La crisis política desatada tras los acuartelamientos policiales en distintas provincias del país evidencia una crisis de mayor envergadura que excede el mero "reclamo salarial". Los kirchneristas festejan un nuevo aniversario de la democracia mientras les permite soslayar el estado de sitio en provincias donde la situación ha pasado a un cuadro de tensión inusitado por las olas de saqueos masivos y de enfrentamientos con la Gendarmería y hasta con los mismos comerciantes que resisten armados dentro de su propiedad comercial. A su vez los vecinos en los barrios han improvisado barricadas y hasta se han formado precarias milicias barriales.
La derecha, por su parte, hace mención del orden, de su inmediata restauración y un desesperado llamado a la paz social. Los medios de comunicación de la burguesía, en sintonía con los partidos políticos patronales, no cesan de mencionar en sus títulos el caos, el terror y la anarquía. El clima simula ser apocalíptico.
El "reclamo" policial, lo que en términos concretos, en la estructura de la sociedad capitalista se trataría más bien de una extorsión, pone en jaque la organización de la sociedad misma y la relación del Estado en la intervención de los conflictos sociales. La policía es la base misma del sostén del Estado burgués ya que es ella misma la que resguarda la división de clases existente mediante el monopolio de la fuerza represiva. Es gracias al accionar represivo de las fuerzas armadas que la sociedad capitalista mantiene intacta las escalas sociales y contiene el desarrollo de las conquistas sociales en manos de las clases sociales desposeídas de los medios de producción. Pero el problema no se agota allí, sino que es mucho más profundo ya que la misma Policía es la que se ha visto involucrada en las redes de narcotráfico, de trata de personas, de gatillo fácil, de violaciones dentro de las comisarías, de abusos y torturas y hasta de encubrimientos en distintos casos de gran repercusión y resonancia en los que se encuentran involucrados los Hijos del Poder, como lo es el caso de Paulina Lebbos en Tucumán.
El incremento en el valor del salario de la Policía de ninguna manera va a atenuar o inhibir las prácticas mafiosas a la que toda la sociedad ya se ha acostumbrado. La misma escala salarial de los efectivos policiales es perversa: bajos sueldos a los oficiales de bajo rango que "complementan" su salario sobre la base de extorsiones, aprietes, amenazas, coimas y hasta el mismo robo mientras los "capos" de la Policía trafican influencias y negocian con sus pares de las mafias y bandas organizadas.
La situación ha pasado a un "stand by" tras distintos acuerdos a los que han arribado los policías y los gobiernos de distintas provincias. En el caso de Tucumán, por ejemplo, a pocos minutos de firmado el acuerdo salarial, la división de Infantería salió desde dentro de la Casa de Gobierno a cumplir con su función específica dentro de la sociedad capitalista: la represión a los ciudadanos que se manifestaban por la insostenible situación de saqueos, robos y crímenes que, a dos días de iniciado el conflicto, se cobró la vida de una decena de personas. Lo que antes hubiera sido una represión con un salario de $4.500 pesos ahora pasó a ser una represión con un salario de $8.500 pesos. Nada cambió.
La extorsión policial que dejó provincias enteras libradas a los desmanes de los saqueadores pone de manifiesto cuál es la verdadera preocupación de la clase gobernante y el rol del Estado burgués. En tan sólo dos o tres días de inactividad, los policías lograron un aumento casi "automático" para cumplir la función de represión y sostenimiento del status quo mientras que los reclamos de docentes, trabajadores de la salud, tercerizados y demás trabajadores precarizados lleva meses e incluso años de lucha, represión mediante, con muchas de esas luchas inconclusas o sin un resultado satisfactorio. A los ojos del Estado burgués tiene mucho más peso las balas de los uniformados azules que las condiciones de educación, salud y trabajo de la sociedad.
En este cuadro, la conciencia social sobre el rol de la Policía y el accionar del Estado se ha clarificado en relación a conflictos precedentes. Ya no sólo se trata de la denuncia sobre la institución represiva sino del hartazgo mismo de la casta gobernante. Por redes sociales, portales noticiosos y en la misma calle se ha puesto de manifiesto la intención de la sociedad: ponerle fin a este régimen de caciques y caudillos como lo es el del Alperovich en Tucumán. Están previstas movilizaciones multitudinarias para exigir su renuncia. Está por verse si el reclamo de los "azules" da pie al principio del fin o sólo fue el fin de lo que fue en un principio.
